Desde el 1 de septiembre, la Resolución CREG 101 120 de 2026 le fija a cada hogar del país una meta de consumo eléctrico calculada sobre su historial de los últimos doce meses, y castiga a quien la supere con un recargo de hasta el 50 % en estratos 4, 5 y 6, y del 30 % en los estratos 1, 2 y 3. La medida parte de un supuesto que en Bogotá quizás resulte razonable y que en el Caribe colombiano es, sencillamente, falso: que un hogar puede reducir su consumo de energía sin poner en riesgo su salud, sin importar en qué parte del país esté.

Eso no es cierto para millones de familias que hoy habitan la Costa. La sensación térmica en el Caribe colombiano se acerca a los 40 grados y en muchas jornadas los supera, con una humedad que hace que ese calor se sienta todavía más pesado sobre el cuerpo. A eso se suma el fenómeno de El Niño 2026-2027, que ya se anuncia agresivo y que obliga a mantener encendidos ventiladores y aires acondicionados no como un lujo, sino como una condición mínima para poder dormir, trabajar y cuidar la salud de niños y adultos mayores. No es lo mismo un hogar del Caribe colombiano que uno que vive en condiciones climáticas menos duras, y una resolución que ignora esa diferencia no está regulando el consumo, está castigando a los usuarios.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar han sido muy contundentes expresando su malestar. Recientemente el alcalde Turbay, en el marco de una audiencia pública cuestionó directamente al gerente de Afinia al señalar que «no creo que un operador como Afinia esté perdiendo plata», y lo hizo de nuevo esta semana en su cuenta de X, cuando calificó a la CREG como «la peor enemiga del Caribe colombiano» y describió la resolución como «un atraco a mano armada». No exagera. Habla en nombre de comerciantes que hoy pagan más por la energía que por el arriendo de sus locales, y de una región entera que ya carga con las tarifas eléctricas más altas del país. Su malestar no es aislado, es el mismo que se repite, con distintas palabras, en cada alcaldía y cada gobernación de la Costa que ha tenido que salir a explicarle a su gente por qué Bogotá decide sobre un calor que nunca ha sentido.

La CREG insiste en que su programa es un mecanismo temporal y no un alza de tarifas, y que la meta de cada hogar «nunca podrá ser inferior al consumo mínimo vital que le corresponde al usuario». Puede ser cierto en el papel. Pero una resolución diseñada desde unas oficinas cómodas y climatizadas en el centro del país, sin una sola cláusula que reconozca que Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo o Riohacha no tienen la misma realidad térmica que Bogotá, no es una política nacional, es una decisión regional disfrazada de nacional, y le sale más cara a quien menos puede pagarla.

Este no puede seguir siendo un problema que se resuelve con un comunicado de prensa desde la capital. Le pedimos al Gobierno Nacional, y directamente al presidente de la República, que ponga en su radar lo que ya está en la calle, que revise la resolución con criterio regional, que reconozca el factor climático como lo que es, una condición estructural del Caribe y no una anécdota, y que se siente a escuchar a los alcaldes y gobernadores de la Costa antes de permitir que desde la CREG se sigan tomando decisiones que solo se sostienen si nunca se ha sudado un mediodía de agosto en Cartagena o cualquier ciudad del Caribe sin un ventilador prendido.

Desde el Caribe se le pide a quienes regulan, más territorio y menos escritorio.