En menos de un mes, el Estado colombiano ha recuperado una palabra que parecía proscrita del diccionario institucional: autoridad. La reciente ofensiva de la Fuerza Pública, que ya acumula la cifra récord de 14.422 capturas desde el pasado 7 de agosto, es la prueba irrefutable de que el país ha dejado atrás la era de las concesiones para entrar en la etapa del sometimiento. Sin embargo, el narcoterrorismo, ese cáncer que ha desangrado a Colombia durante décadas, se resiste a morir y responde con la cobardía que le es propia, intentando desafiar una voluntad que hoy se muestra inquebrantable.

El ataque del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, es una muestra de esa desesperación criminal. Utilizar drones con artefactos explosivos para asesinar a un oficial y a un soldado profesional, y herir a otros cinco uniformados, no es una demostración de fuerza, sino un acto de barbarie que solo refuerza la determinación del Gobierno Nacional. La advertencia del presidente Abelardo de la Espriella ha sido clara y no admite matices: por cada policía o soldado que asesinen, caerá sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. Es una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos y una promesa de justicia para quienes arriesgan su vida por la patria.

Esta firmeza no es solo retórica; está respaldada por resultados contundentes que contrastan drásticamente con la inacción de los últimos cuatro años. Los datos consolidados entre el 7 de agosto y el 5 de septiembre de 2026 reflejan una operatividad sin precedentes: además de las más de 14.400 capturas, la Fuerza Pública ha logrado sacar de circulación 1.485 armas de fuego y ha incautado un total de 43.684 kilogramos de estupefacientes. A esto se suma la erradicación de 1.320,9 hectáreas de coca y golpes estratégicos como la reciente incautación de 3,7 toneladas de marihuana en la Amazonía. Cada arma incautada y cada kilogramo de droga decomisado representan menos recursos para financiar el terror que azota las regiones.

En este contexto, la advertencia al gobernador de Nariño y a cualquier mandatario regional cobra un valor fundamental. No es posible que, mientras el Estado combate sin descanso en el Catatumbo, en la Amazonía y en las fronteras, se pretendan adelantar diálogos territoriales no autorizados. La política de seguridad nacional es una sola y no tiene dos cabezas. Cualquier intento de negociación paralela debilita la moral de las tropas y fragmenta la unidad de mando necesaria para derrotar al terrorismo. El mensaje para los violentos ha sido el mismo en cada alocución: se entregan, entregan las armas y cesan sus acciones, o serán sometidos con toda la potencia de la ley. La seriedad de este planteamiento es lo que permite recuperar la confianza ciudadana, pues se les advirtió y el Estado está cumpliendo.

La nueva estrategia para el Catatumbo, anunciada tras el ataque en Ocaña, promete golpear no solo las estructuras armadas, sino también las finanzas y las economías ilícitas que alimentan la maquinaria criminal. El presidente ha sido enfático en que no habrá tregua. La Amazonía no será más un santuario para el narcotráfico y los ríos del país dejarán de ser corredores de muerte. La mayoría de los colombianos, que durante años pidieron la recuperación del territorio frente a la anarquía de los diálogos no autorizados, hoy ven en estas acciones la esperanza de un país donde la ley se respete y el delincuente sienta el peso de la autoridad.

El camino no será fácil y el costo en vidas de los héroes duele profundamente. La solidaridad con las familias de los militares asesinados en Ocaña debe ser nacional, pues ellos cayeron defendiendo la libertad de todos. Pero que los criminales no se equivoquen, cada ataque, cada explosivo lanzado desde un dron y cada vida segada solo fortalece la voluntad de un gobierno que no se dejará doblegar. El narcotráfico es el combustible de la violencia y se combatirá sin tregua hasta apagar las llamas que han consumido el progreso de las regiones.

Colombia ha vuelto a tener un rumbo claro. La autoridad no es autoritarismo, es la garantía de que el Estado protege a los buenos y persigue a los malos. Con la convicción de que el bien siempre prevalece y la determinación de recuperar cada rincón del territorio, el país avanza hacia la derrota definitiva del narcoterrorismo. Por cada ataque, habrá una respuesta legítima y contundente.