El reciente fallo del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que ordena al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por su acto de posesión del pasado 7 de agosto, no es solo un tropiezo jurídico; es una señal alarmante de cómo el laicismo, mal entendido, puede convertirse en una herramienta de represión contra la libre expresión y la base moral de nuestra sociedad. Al exigir que un mandatario pida perdón por invocar a Dios en un país cuya historia y valores están profundamente ligados a la fe, la justicia parece estar cruzando una línea peligrosa: la de la hostilidad hacia lo sagrado.

La decisión judicial se fundamenta en la presunta vulneración del principio de neutralidad religiosa del Estado. Sin embargo, un análisis riguroso de lo ocurrido en la Arena USC de Cali revela una realidad muy distinta a la de una imposición confesional. En la ceremonia participaron un rabino, un pastor cristiano y un obispo católico, una muestra clara de pluralismo religioso que, lejos de excluir, acogió la diversidad de credos que conviven en Colombia. Si la Constitución de 1991 define a nuestra nación como un Estado laico y pluralista, ¿cómo puede ser castigada una ceremonia que, precisamente, dio voz a diferentes tradiciones de fe?

El argumento de que el Estado debe ser neutral no implica que deba ser ateo o enemigo de la religión. La neutralidad, según la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, exige que el Estado no establezca una iglesia oficial ni discrimine a los ciudadanos por sus creencias. Pero esta neutralidad no anula la dimensión trascendente del ser humano ni obliga a los gobernantes a despojarse de su conciencia al asumir el poder. Abelardo de la Espriella, al iniciar su discurso dando “toda la gloria a Dios”, no estaba dictando un decreto dogmático, sino ejerciendo su derecho fundamental a la libertad de expresión y de culto.

Exigirle a un presidente una disculpa pública por manifestar su fe en un acto de posesión donde hubo pluralidad de creencias es un intento de cooptar la libre expresión bajo el pretexto de la legalidad. Este tipo de acciones judiciales no protegen el laicismo; promueven una forma de censura ideológica que busca expulsar a la religión del espacio público, ignorando que la fe es, para millones de colombianos, el cimiento de su ética y su comportamiento social.

En cuanto a los detalles del fallo, la orden judicial establece que la fecha para las disculpas será el martes 30 de septiembre de 2026, a través de una alocución por radio y televisión nacional. El motivo principal señalado es la presunta vulneración de la neutralidad religiosa, y como medida adicional, se exige la emisión de una directiva presidencial para orientar a todos los servidores públicos sobre el cumplimiento de la laicidad en sus funciones.

La justicia colombiana ha reconocido en fallos previos que la exhibición de símbolos o expresiones religiosas no está prohibida por sí misma, siempre que se respete la pluralidad. En la posesión de De la Espriella, la pluralidad no fue una ausencia, sino una protagonista. Por ello, la orden del juez no solo parece desproporcionada, sino contradictoria con el mandato de inclusión religiosa. ¿A quién se le pide perdón? ¿A los ciudadanos que se sintieron representados en la oración del rabino o en la bendición del pastor?

Este precedente es preocupante. Si hoy se judicializa a un presidente por invocar a Dios, mañana se podría perseguir a cualquier servidor público por portar un símbolo religioso o por expresar su fe en el ejercicio de sus funciones. La religión es la base de la sociedad no porque se imponga por ley, sino porque ofrece un marco de valores que ha sostenido a la nación en sus momentos más difíciles. Intentar silenciar esa voz desde los estrados judiciales es un camino directo hacia una sociedad estéril y despojada de sus raíces.

La oposición y los sectores que promueven estas demandas deben entender que el debate político se da en las leyes, en los presupuestos y en los programas de gobierno, no en la persecución de la conciencia individual. La libertad no es solo el derecho a no creer; es, sobre todo, el derecho a creer y a manifestarlo sin temor a represalias judiciales.

Colombia necesita un Estado que garantice la libertad de todos, no uno que reprima la fe de muchos. La solidaridad y la unión que el país requiere para enfrentar sus crisis no vendrán de la censura, sino del respeto mutuo a nuestras creencias más profundas. Defender la religión en el espacio público es, en última instancia, defender la libertad de ser humanos en toda nuestra complejidad.