Durante su visita a Colombia esta semana, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue consultado sobre la inclusión del expresidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense. Rubio evitó confirmar o negar si existen investigaciones activas en curso, pero fue enfático en la solidez de la designación: «No existe en nuestro sistema una sanción sobre la que no haya evidencia» y «nadie termina en la lista de OFAC porque se haya inventado algo, para estar en la lista debe haber pruebas concretas», dijo, sin referirse a un posible camino de salida para el expresidente.
Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el entonces ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton el 24 de octubre de 2025, mientras Petro todavía era presidente. El entonces secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida al señalar que «desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses», en referencia a lo que Washington calificó como políticas antinarcóticos fallidas.
La posición de Washington sobre una eventual salida de la lista ha sido consistente desde entonces. El 9 de julio de 2026, en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, la congresista republicana María Elvira Salazar le preguntó al subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez, si habían recibido alguna señal de la Casa Blanca para considerar levantar las sanciones. «No en este momento, señora», respondió Méndez, quien también descartó devolverle la visa estadounidense a Petro. El funcionario condicionó cualquier revisión futura a que Petro «remedie las acciones previas que dieron origen a esas medidas», en referencia a la estrategia de «paz total» y a la política antidrogas que Washington considera responsable del aumento en los cultivos de coca.
Esa condición deja a Petro en una posición particularmente difícil: la salida de la lista no depende de un trámite personal, sino de un cambio en la política de seguridad del Estado colombiano, algo que él, como ciudadano y expresidente desde el 7 de agosto, ya no tiene forma directa de modificar. A esa dificultad se suma la presión política interna: en julio, el subdirector de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, le envió una carta a Rubio pidiéndole expresamente mantener a Petro y a su familia en la lista «hasta la correcta conclusión del proceso de transición gubernamental en Colombia».
Petro, que se encuentra actualmente en México, dio su propia versión de los hechos el 3 de septiembre: aseguró que al momento de su inclusión no «tenía ni idea qué era eso», y calificó la sanción como una represalia de Estados Unidos por sus declaraciones sobre Palestina. También denunció que la aerolínea Avianca se negó a transportarlo por su inclusión en la lista.
El proceso formal para salir de la Lista Clinton tampoco favorece una salida rápida. Desde el 29 de junio de 2026, OFAC habilitó un portal de reconsideración en línea para que personas, bienes o embarcaciones soliciten su remoción de la lista SDN; la revisión inicial de una solicitud toma entre 7 y 10 días, pero el proceso completo suele tardar entre 6 y 18 meses, y en casos complejos puede extenderse por años. El peticionario debe demostrar que la base original de la sanción ya no aplica, que fue legal o fácticamente defectuosa, o que las circunstancias cambiaron de manera material, un estándar que choca de frente con la insistencia pública y reiterada de Rubio y de Méndez en que la designación de Petro cuenta con «pruebas concretas» y no admite dudas.
