La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, presentó el 1 de octubre ante la Fiscalía una denuncia penal contra quienes administran tres perfiles en redes sociales, uno en Facebook y dos en X, por presuntas amenazas contra servidor público e injuria. Según la denuncia, en esas cuentas se divulgó el lugar exacto en el que se encontraba y se anunció la intención de acercarse a ella.
Las publicaciones que motivaron la denuncia, según Infobae, surgieron cuando una usuaria contó que la directora estaba en el aeropuerto de Cali y escribió que quería acercarse a preguntarle «qué tiene en la cabeza». Otra persona respondió que la vería pronto. «Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad», escribió Restrepo en la denuncia. Antes había recibido mensajes directos con insultos que, como ella misma reconoce en el documento, «no contienen el anuncio expreso de un daño», pero que también entregó a la Fiscalía porque, según dijo, muestran que la hostilidad pasó de las redes a un contacto directo y privado.
El origen está en el debate de control político sobre el presupuesto del ICBF para 2027 en la Comisión Séptima del Senado, el 22 de septiembre. Allí la directora explicó que, dentro de la reorganización de la entidad, cambiaría el nombre del programa Familias y Comunidades «porque la familia es una, no son las familias», una frase que provocó un cruce con el senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, y una ola de reacciones en redes.
En la denuncia, Restrepo pidió a la Fiscalía establecer si un video publicado por el senador contribuyó a desatar la reacción hostil. Según ella, el video «omitió» su declaración completa y las réplicas del debate, presentó como respuestas al senador fragmentos que correspondían a otros intervinientes e incluyó gestos suyos tomados de otros momentos de la sesión. Por eso entregó la grabación sin editar de su intervención, el video difundido en redes, las transcripciones y una reconstrucción cronológica de los cortes entre ambos contenidos, para que la Fiscalía determine su alcance.
La Fiscalía deberá identificar a quienes están detrás de los perfiles y definir si las publicaciones configuran un delito. El presidente Abelardo De La Espriella rechazó las amenazas y respaldó a la funcionaria. «Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor», escribió.
