El presidente Abelardo De La Espriella pidió a la justicia que evalúe ofrecer beneficios penales a los investigados por corrupción del gobierno anterior que colaboren con las autoridades y entreguen información sobre sus cómplices. Lo dijo el domingo 27 de septiembre en una alocución televisada, al referirse a la decisión del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). «Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones basadas en las normas del Código Penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios», afirmó.
La decisión que motivó la alocución la tomó el Consejo de Estado el viernes 25 de septiembre. La Sala Especial de Decisión 24 declaró la pérdida de investidura de Iván Leonidas Name Vásquez por tráfico de influencias, al considerar probado que recibió dinero proveniente de recursos de la UNGRD y que usó su posición para favorecer el trámite de reformas del Gobierno anterior en el Congreso, entre ellas la reforma pensional. El fallo, con ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, se basó en testimonios de Sneyder Pinilla, Olmedo López y Sandra Ortiz, además de chats, documentos y datos de ubicación de celulares. Según lo valorado en el proceso, $3.000 millones de la UNGRD estaban destinados al entonces presidente del Senado. Se trata de una sentencia de primera instancia, que puede ser apelada ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Para el presidente, la decisión «no puede pasar desapercibida». «La muerte política, una decisión dura y compleja, que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada», afirmó. El mandatario sostuvo que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades individuales, pero pidió estudiar los mecanismos que ya existen en la ley para incentivar la colaboración de quienes hoy están investigados. Según explicó, esa colaboración debe servir para esclarecer los hechos, identificar a todos los que participaron y recuperar las pruebas necesarias para que los procesos avancen.
El presidente se dirigió directamente a los detenidos y a los investigados. «A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo, arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y reparen el daño que le hicieron a la patria con verdad», expresó. Y precisó el alcance de lo que ofrece: quienes colaboren podrían acceder a los beneficios que contempla la legislación, siempre que cumplan las condiciones que fijen las autoridades judiciales. «Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario», indicó.
La decisión sobre esos beneficios no depende del Ejecutivo. Los preacuerdos y las rebajas por colaboración son figuras que ya existen en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y su aplicación corresponde a la Fiscalía y a los jueces en cada proceso. En el caso de la UNGRD, varios de los implicados, como Sneyder Pinilla y Olmedo López, ya han declarado ante la justicia. El presidente cerró con un mensaje sobre el propósito de su llamado: «Los corruptos tienen que caer, tienen que pagar».
