No se trata de una cifra menor. Tampoco significa que la reconstrucción esté financiada. El Gobierno ha estimado preliminarmente que recuperar las zonas afectadas podría costar alrededor de $30 billones. Precisamente por eso resulta necesario distinguir entre dos debates: uno legítimo sobre la responsabilidad del Estado para financiar y conducir la reconstrucción, y otro, muy distinto, sobre la manera de calificar la ayuda que ya están entregando empresas, organizaciones y ciudadanos.
Gustavo Petro llamó “limosnas de los ricos” a estos aportes y cuestionó que la reconstrucción dependa de donaciones privadas. Su propuesta de buscar recursos mediante impuestos, crédito y decisiones de política económica puede discutirse. Ninguna emergencia de esta magnitud puede descansar exclusivamente en la generosidad de particulares. El Estado debe garantizar recursos públicos, coordinación institucional, transparencia, control del gasto y resultados verificables.
Pero advertir que las donaciones no sustituyen la política pública no autoriza a despreciarlas. Llamarlas “limosnas” empobrece el debate y descalifica una acción solidaria que, hasta ahora, ha sido concreta. En pocos días, empresarios de distintos sectores han comprometido recursos para hospitales, colegios, viviendas, pequeños negocios y atención humanitaria. La campaña “Empresas Unidas por Colombia”, liderada por la ANDI, reunió $201.637 millones; Luis Carlos Sarmiento Angulo anunció $200.000 millones; Jaime Gilinski, $150.000 millones; y David Vélez, $100.000 millones. ProPacífico y ProAntioquia agregaron compromisos por $220.000 millones y $200.000 millones, respectivamente.
Una limosna implica, por definición, una relación de inferioridad y, con frecuencia, una entrega ocasional que busca exhibir la superioridad de quien da. No todo aporte privado tiene ese significado. Una donación en una tragedia puede ser una expresión de responsabilidad social, solidaridad humana y compromiso con los territorios donde las empresas trabajan, emplean y producen. Puede y debe ser auditada, pero no por eso deja de ser valiosa.
Además, la ayuda empresarial no es la única que merece reconocimiento. También cuenta la familia que comparte alimentos, el trabajador que dona parte de su salario, el comerciante que presta un vehículo, el médico que ofrece su tiempo y la comunidad que abre sus puertas a quienes perdieron su vivienda. Cada persona debe aportar según sus capacidades. La solidaridad no se mide únicamente por el tamaño del cheque, sino por la voluntad de ayudar.
Es razonable afirmar que el ambiente político influye en la confianza del sector privado. Un Gobierno que dialoga con los empresarios, reconoce su capacidad y ofrece mecanismos de seguimiento puede obtener respuestas más rápidas. Los reportes sobre la relación entre el nuevo Gobierno y los empresarios hablan de una confianza renovada. Sin embargo, no sería riguroso afirmar como un hecho probado que durante el gobierno anterior esas cifras jamás se habrían visto. La solidaridad frente a una catástrofe probablemente habría existido también entonces, aunque el clima de confianza y cooperación pudiera haber sido diferente.
La confianza, en todo caso, no puede convertirse en un cheque en blanco. Cada peso anunciado debe tener trazabilidad, destino claro, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas. El Gobierno debe coordinar; las empresas, cumplir; y la oposición, fiscalizar sin convertir la ayuda en un motivo de burla o confrontación permanente.
Los aportes empresariales no resolverán por sí solos una reconstrucción de $30 billones. Pero tampoco son “limosnas”. Son una señal de que el país puede movilizarse cuando enfrenta una tragedia. Reconocer esa solidaridad no significa exonerar al Estado de sus obligaciones ni impedir la discusión tributaria. Significa entender que Colombia necesita todas las manos, las del Gobierno, las empresas, la cooperación internacional y los ciudadanos comunes.
En momentos de devastación, el lenguaje también construye o destruye. Llamar limosna a la ayuda de los ricos termina despreciando la ayuda de todos. Lo verdaderamente importante es que cada aporte, grande o pequeño, llegue a quienes lo necesitan. La solidaridad no debe ser categorizada como limosna: debe ser organizada, vigilada y convertida en viviendas, hospitales, escuelas y esperanza.
