El dolor de un país que cuenta a sus muertos por centenares tras el terremoto en el occidente colombiano no puede ser eclipsado por otro desastre: la desconfianza en quienes administran los recursos públicos.

La emergencia ha obligado a movilizar fondos millonarios para atender a las víctimas, recuperar la infraestructura y emprender una reconstrucción que será larga y compleja. Pero la memoria ciudadana permanece alerta. Colombia conoce los costos de la corrupción en la gestión del riesgo: contratos cuestionados, obras inconclusas, sobrecostos y recursos que, destinados a proteger a comunidades vulnerables, terminan atrapados en redes de intereses políticos y privados.

Por eso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y todas las entidades que participen en la respuesta no solo tienen el deber de levantar viviendas, hospitales, escuelas y vías. También deben levantar un muro de cristal alrededor de cada peso destinado a la emergencia.

Ese muro debe construirse con información pública, contratos abiertos, cronogramas verificables, nombres de contratistas, interventorías independientes y reportes periódicos sobre el avance físico y financiero de cada obra. Cada contrato de ayuda humanitaria, cada compra de emergencia y cada ladrillo facturado debe estar sometido al escrutinio de los organismos de control, las veedurías ciudadanas, el periodismo y, cuando corresponda, la cooperación internacional.

La urgencia no puede utilizarse como excusa para eliminar los controles. Es cierto que una emergencia exige decisiones rápidas; precisamente por eso requiere reglas claras, trazabilidad y vigilancia en tiempo real. La contratación directa puede ser necesaria en determinados casos, pero nunca debe convertirse en un cheque en blanco. La velocidad de la respuesta y la transparencia no son objetivos incompatibles: son condiciones inseparables de una gestión pública legítima.

También es necesario evitar las acusaciones sin pruebas. Señalar de manera general a funcionarios, contratistas o gobiernos puede alimentar la indignación, pero no reemplaza la investigación documental, fiscal, disciplinaria o penal. La lucha contra la corrupción necesita contundencia, pero también evidencia. Toda sospecha debe ser examinada y toda responsabilidad debe establecerse con garantías, sin convertir el dolor de las víctimas en combustible para la difamación política.

Lo que sí puede y debe exigirse desde ahora es la prevención. El Gobierno nacional debe publicar un tablero único de seguimiento de la emergencia, con presupuesto asignado, fuente de financiación, entidad responsable, contratista, plazo, ubicación, porcentaje de ejecución y beneficiarios. Los departamentos y municipios deben abrir sus propios mecanismos de rendición de cuentas. Y los organismos de control deben actuar antes de que aparezcan las ruinas administrativas, no únicamente cuando el dinero ya se haya perdido.

Mientras el mundo envía aviones, equipos de rescate, medicamentos y alimentos, Colombia debe demostrar que sabe recibir ayuda con dignidad y administrarla con honestidad. La solidaridad internacional no puede terminar en bodegas opacas ni en licitaciones diseñadas a la medida de unos pocos. Las donaciones deben llegar a quienes las necesitan y los recursos de reconstrucción deben convertirse en obras reales, seguras y duraderas.

Robarle a un damnificado no es una falta administrativa menor. Es aprovecharse de una persona que ha perdido su casa, su familia o sus medios de vida. Es agravar deliberadamente una tragedia. Por eso, toda conducta corrupta en la atención de esta emergencia debe recibir la máxima respuesta institucional y judicial que corresponda.

La reconstrucción no consistirá únicamente en volver a levantar edificios. También deberá reconstruir la confianza. Y esa confianza solo será posible si cada peso puede ser rastreado, cada contrato puede ser examinado y cada funcionario entiende que la emergencia no suspende la ética pública. En medio de las ruinas, Colombia tiene la oportunidad de demostrar que la solidaridad no será saqueada y que la tragedia no será convertida en negocio.