El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, quien cumple una condena de 21 años y 7 meses de prisión por hechos de corrupción, fue trasladado en la noche del viernes a la cárcel de Villahermosa, en Cali, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara su salida del pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde permanecía recluido. «Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción», afirmó el presidente.

De La Espriella detalló la secuencia de eventos que derivó en el traslado. «Ordené personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad», sostuvo, y precisó el horario de la remisión: «A las 11:30 p. m., fue trasladado a la cárcel de Villahermosa». Durante el procedimiento de remisión a un centro penitenciario ordinario, Abadía había alegado un quebranto de salud que obligó a su atención en una clínica, de donde posteriormente fue sacado por disposición oficial para concretar su ingreso al penal.

Abadía fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. El caso se remonta a enero de 2010, cuando Abadía, entonces gobernador del Valle del Cauca, junto con su secretario de Educación de ese momento y la representante legal de la Fundación Calimío, suscribieron un convenio para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en distintos municipios del departamento, por un valor de $1.072 millones. La Corte determinó que la fundación contrató la adquisición de los libros con dos empresas en negociaciones con sobrecostos que permitieron a los responsables apropiarse de recursos públicos.