La Fiscalía General de la Nación y los organismos de control reanudaron las audiencias de un proceso penal y disciplinario por presuntas irregularidades en la contratación pública entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Las pesquisas indagan la supuesta desviación de recursos destinados a convenios interadministrativos para la atención de emergencias, firmados desde 2020.
Según el expediente judicial, los contratos bajo investigación suman cerca de 18.000 millones de pesos, de los cuales 2.480 millones corresponderían a apropiación mediante sobrecostos y pagos por servicios que no habrían sido ejecutados. Los investigadores documentan un presunto esquema de triangulación de contratos que habría usado al cuerpo de socorro de Itagüí como intermediario para evadir los procesos de licitación pública abierta.
El caso ya registra su primera condena: un juzgado de Medellín validó la sentencia contra el extesorero de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, por falsedad en documento privado, tras encontrar que utilizó documentación que permitió el desvío de fondos públicos. La Fiscalía advirtió que la investigación «apenas comienza» y que se esperan nuevas imputaciones contra exfuncionarios y directivos de ambas entidades.
Las administraciones actuales de Medellín e Itagüí manifestaron su disposición de colaborar con los requerimientos probatorios de los fiscales a cargo del caso, reiterando que la política institucional exige transparencia total en el manejo de las arcas públicas del Valle de Aburrá.
Veedurías ciudadanas y analistas de gestión pública en Antioquia exigieron celeridad a las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades penales de los ordenadores del gasto e imponer las sanciones correspondientes para recuperar el patrimonio público afectado.
