El Gobierno Nacional reafirmó la descentralización financiera como uno de los ejes centrales del mandato del presidente Abelardo De La Espriella, que asumió el 7 de agosto con la promesa de gobernar desde las regiones y no exclusivamente desde Bogotá. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció que el Ejecutivo retirará del Congreso el proyecto de Ley de Competencias heredado del gobierno anterior, al considerarlo «antitécnico» y construido sin suficiente consulta con gobernadores y alcaldes.
El proyecto retirado buscaba reglamentar el acto legislativo que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), norma que incrementa progresivamente la participación de las entidades territoriales en el presupuesto nacional del 29,5 % actual al 39,5 % en los próximos doce años. El Gobierno trabaja ahora en un modelo alternativo que, según el Ministerio del Interior, deberá construirse con mayor participación de los mandatarios regionales.
El reto fiscal no es menor: los recursos de regalías cayeron de $18 billones en 2023 a $11 billones en 2025, en medio de un deterioro fiscal nacional proyectado del 5,1 % del PIB para 2026. Ese panorama obliga al Gobierno a equilibrar la promesa de mayor autonomía territorial con una base de recursos decreciente para financiar vías, hospitales y acueductos regionales.
La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) respaldó el llamado del presidente a gobernar desde las regiones, pero advirtió que la descentralización «no puede limitarse a trasladar funcionarios», sino que debe implicar recursos, autonomía, infraestructura, seguridad y capacidad real de decisión para los territorios.
Como parte del modelo itinerante que propone el Gobierno, Barranquilla fue planteada como sede alterna de la Presidencia en la región Caribe, en momentos en que se adecuan instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército en esa ciudad para el despacho presidencial.
