El presidente Abelardo De La Espriella firmó el 8 de septiembre el Decreto 1368 de 2026, que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una restricción que estaba vigente desde 2015, cuando la impuso el gobierno de Juan Manuel Santos, y que fue prorrogada de manera consecutiva por las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro como medida para reducir los delitos y la violencia con armas de fuego. El último decreto firmado durante el gobierno Petro establecía que la prohibición se mantendría hasta el 31 de diciembre de 2026, así que la medida de De La Espriella le pone fin casi tres años antes de lo previsto, tras casi 11 años y tres gobiernos.
El Gobierno aclaró que la medida no constituye una autorización general para portar armas ni modifica el monopolio estatal sobre ellas: el Estado mantiene el control absoluto y exclusivo de las armas de fuego en el país, y los requisitos, condiciones y controles ya establecidos en la legislación colombiana siguen vigentes. Entre esos requisitos están contar con la autorización de la autoridad militar competente, portar únicamente el arma amparada por el permiso, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, aprobar el certificado médico y la evaluación de aptitud psicofísica, presentar un certificado de idoneidad en el manejo de armas expedido por una escuela autorizada, y demostrar el origen lícito de los ingresos y de la actividad económica.
El expresidente Gustavo Petro, quien mantuvo la suspensión durante su gobierno y se manifestó en repetidas ocasiones en contra del uso de armas por parte de civiles, cuestionó públicamente la decisión el 8 de septiembre y la calificó de «necropolítica».
La medida reabre, con casi tres años de anticipación sobre lo que estaba previsto, un debate de seguridad ciudadana que se mantuvo cerrado durante 11 años y tres gobiernos de distinto signo político. Aunque el Gobierno insiste en que no cambia el monopolio estatal ni los requisitos para acceder a un permiso, la reacción inmediata del expresidente Petro y la magnitud del cambio hacen previsible que el debate sobre su efecto real en la violencia armada se extienda en las próximas semanas.
