El presidente Abelardo De La Espriella denunció presuntas irregularidades en el Hospital Departamental de San Andrés durante su visita al archipiélago el fin de semana. «La situación del Hospital Departamental de San Andrés es indignante», escribió en X.
Según el presidente, en el hospital hay equipos médicos guardados en guacales que se están deteriorando, nóminas paralelas, contratos de aseo y radiología ligados a personas cercanas a la Gobernación y un contrato de fotocopiadoras por 60 millones de pesos mensuales. También dijo que la información recibida señala la participación de un diputado. «Esa línea se investigará con rigor, sin privilegios ni excepciones», afirmó.
El mandatario anunció que conformará un equipo forense para revisar toda la contratación del hospital y un equipo técnico para apoyar su funcionamiento. «Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia. El hospital es para atender a los sanandresanos, no para servir a intereses particulares», escribió.
Por instrucción del presidente, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía intervenir el archipiélago. Hizo tres solicitudes: trasladar a Bogotá los procesos que hoy se adelantan en la isla para revisarlos de forma conjunta y protegerlos de presiones locales; que la Procuraduría ejerza su poder preferente y la Contraloría su control excepcional, mecanismos que les permiten asumir casos que normalmente manejan las autoridades territoriales; y crear un grupo especial de investigación por fuera del archipiélago. La Secretaría dijo que los hechos reportados no serían casos aislados, sino un patrón de posibles irregularidades en distintas entidades y periodos.
Durante la visita, el presidente también confrontó en un encuentro grabado en video a la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, ambas del Partido Liberal. «Quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando», les dijo.
El Partido Liberal respaldó la creación de una comisión para investigar el manejo del presupuesto en el departamento, pero expresó su solidaridad con sus dos militantes. Sobre la gobernadora, que asumió en julio tras unas elecciones atípicas, dijo que «no hay razón para hacer los señalamientos a los que fueron expuestas públicamente por el presidente y menos frente a una gestión que acaba de iniciar».
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