La Contraloría General de la República advirtió, mediante un comunicado, que el sistema pensional necesitará más de $4,2 billones adicionales a los ya presupuestados para poder cumplir con el pago de las mesadas durante 2026.

Según el ente de control, el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para este año contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones se destinaron específicamente al pago de pensiones y jubilaciones. De esa cifra, el 44,6% dependía de aportes girados por la Nación, que ascendían a $33,7 billones presupuestados. La Contraloría precisó que la ejecución de esos aportes también llegó a $33,7 billones, es decir que, si los recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas.

El problema, señaló el organismo, no está en lo que se giró sino en lo que se necesita ahora. «El desequilibrio radica en el desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo del 23%, frente a un supuesto de crecimiento cercano al 7,5%, lo que generó una desviación significativa respecto de las condiciones utilizadas para la programación presupuestal», se lee en el comunicado.

Ese cálculo tiene un efecto directo sobre el gasto pensional porque buena parte de las mesadas del régimen de prima media se ajustan con el salario mínimo legal vigente. Cuando ese salario sube más de lo que el presupuesto había proyectado, como ocurrió este año, el costo real de pagar las pensiones también crece por encima de lo calculado meses atrás, y ese diferencial es el que ahora debe cubrirse con recursos que todavía no están asignados en el presupuesto vigente.

El análisis fue elaborado por la delegada para el Sector Trabajo de la Contraloría, según indicó el ente de control en su comunicado. El organismo fue explícito sobre lo que sigue: «El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados. La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas».

La advertencia se suma a la discusión ya abierta sobre la sostenibilidad fiscal del sistema pensional colombiano, en momentos en que el país también debate los efectos de la reforma pensional aprobada en los últimos años y su impacto sobre las finanzas de Colpensiones. La Contraloría no precisó en su comunicado de qué fuente saldrían los recursos adicionales que pide prever, ni un plazo específico para que el Gobierno los defina.

La reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024 y vigente desde el 1 de julio de 2025, reorganizó el sistema en cuatro pilares: uno solidario para adultos mayores en pobreza que nunca cotizaron, uno semicontributivo para quienes cotizaron sin alcanzar los requisitos para pensionarse, uno contributivo que obliga a cotizar en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, con el excedente destinado a los fondos privados, y uno de ahorro voluntario. Ese cambio amplió el universo de trabajadores cuyas cotizaciones y futuras mesadas administra directamente Colpensiones, lo que aumenta también la exposición del fondo público a desajustes como el que ahora advierte la Contraloría por el comportamiento del salario mínimo.

La magnitud de lo que está en juego se refleja en las propias cifras de Colpensiones: a corte de abril de 2026, la entidad reportó 1.908.797 pensionados activos, de los cuales el 82% recibe mesadas de hasta dos salarios mínimos, y solo ese mes pagó $5,4 billones en mesadas. Cualquier ajuste en el costo total de esas obligaciones, como el que genera un salario mínimo que subió más de lo presupuestado, se traduce en un faltante que debe cubrirse con nuevos recursos del Gobierno Nacional o afecta la caja disponible para los pagos futuros.