Colombia obtuvo 381 puntos en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias en las pruebas PISA 2025, publicadas esta semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evaluó a más de 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y economías.
El resultado deja al país 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, que se ubicó en 463 puntos, con brechas similares en lectura y ciencias. Frente a la edición 2022, Colombia mejoró levemente en ciencias, de 411 a 414 puntos, pero retrocedió en lectura, de 408 a 399, y en matemáticas, de 383 a 381. El 71 % de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo esperado en matemáticas y el 55 % tampoco lo logró en lectura; en matemáticas, ningún estudiante colombiano alcanzó el nivel 5 o superior de la prueba. Pese al retroceso, Colombia se ubicó sexta entre los países latinoamericanos evaluados, ocho puntos por encima del promedio regional en matemáticas.
Los resultados reavivaron un choque político el martes 8 de septiembre entre el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien planteó la privatización de la educación pública como remedio a la crisis, y sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro. La senadora Jennifer Pedraza cuestionó esa propuesta y pidió centrar el debate en los factores estructurales del sistema educativo. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) rechazó que la discusión se concentre en responsabilizar a los docentes, e insistió en que debe girar en torno a mayor apoyo a los maestros, más inversión, mejor dotación y garantías de cobertura, acceso y continuidad para niños y jóvenes.
La profesora Alexandra Isaza, de la Universidad de La Sabana, señaló que «Colombia cuenta con maestros, instituciones, universidades y comunidades con enorme experiencia y capacidad de innovación», y planteó que el análisis debe enfocarse en las trayectorias educativas completas, la equidad y la formación permanente de docentes, más que en un enfoque de déficit. Isaza propuso enseñar pensamiento matemático en lugar de operaciones memorizadas, y conectar el aprendizaje con el contexto territorial: agricultura, economía familiar y saberes locales.
El choque no parte de cero: desde el 26 de agosto, semanas antes de conocerse los resultados de PISA, el Ministerio de Educación ya enfrentaba una polémica propia por un proyecto de decreto que modificaría el Decreto 1075 de 2015, y que permitiría a entidades privadas y organizaciones religiosas administrar colegios oficiales hasta por 12 años, bajo un régimen laboral privado. La ministra de Educación, Viviane Morales, salió a aclarar que «de ninguna manera se trata de privatizar la educación», y sostuvo que los colegios mantendrían su carácter oficial, con la matrícula dentro de la oferta pública y la entidad territorial conservando la dirección y el control del servicio. Como precedente citó los 38 colegios en administración de Bogotá, que según el Ministerio han mostrado mejores resultados en permanencia estudiantil y en las pruebas Saber 11. Fecode ya había rechazado esa propuesta como una privatización encubierta, y cuestionó además que el proyecto solo estuvo disponible para comentarios de la ciudadanía durante cinco días, cuando la norma exige un mínimo de quince.
Con siete de cada diez estudiantes de 15 años por debajo del nivel mínimo en matemáticas y una caída en lectura frente a 2022, el resultado compromete directamente las oportunidades educativas y laborales de una generación completa, no solo una cifra comparativa con la OCDE. El riesgo inmediato es que el debate político entre privatización y responsabilidad docente desplace la discusión sobre las causas estructurales que la propia evidencia señala: formación docente, equidad territorial y continuidad educativa.
