El presidente Abelardo de la Espriella publico un mensaje que toca el bolsillo de 16,7 millones de propietarios de vehiculos en Colombia. Propone reducir hasta un 50% el valor de las multas de transito, acabar con los monopolios de los cursos pedagogicos, revisar el costo de las licencias de conduccion, ponerle freno a las fotomultas y revisar el RUNT y el SIMIT. La pregunta es si las cifras respaldan el diagnostico. La respuesta es si, y con creces.

Solo en Bogota, el recaudo por fotomultas paso de $6.698 millones en 2020 a $282.053 millones en 2024. Entre enero y abril de 2026 ya iban $57.000 millones mas. A nivel nacional, los organismos de transito bajo investigacion impusieron mas de 7,5 millones de comparendos electronicos. De ese total, 1,5 millones ya fueron pagados, generando un recaudo superior a $1,05 billones. El 60% de las sanciones bogotanas corresponden a vehiculos que circulaban entre 56 y 60 kilometros por hora, apenas por encima del limite. Y 1 de cada 3 pesos recaudados va a financiar la burocracia del sistema, no la seguridad vial.

Pero hay un detalle que agrava el cuadro. La Superintendencia de Transporte confirmo que millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 fueron emitidos de manera irregular por fallas tecnicas en las camaras. Cali, Barranquilla, Bogota, Medellin. En consecuencia, 5,8 millones de comparendos deberan ser revocados de oficio. Es decir, Colombia cobro durante anos multas que tecnicamente no debian haberse cobrado.

El diagnostico del presidente no es nuevo. Senadores de distintos partidos llevan anos senalando que las camaras de fotodeteccion se convirtieron en maquinas de recaudo y no en instrumentos de seguridad vial. Lo que si es nuevo es que la iniciativa llegue desde la Presidencia con propuestas concretas: reduccion de multas, revision del SIMIT y el RUNT, menor costo de licencias y control real a los equipos de medicion.

Lo que falta ahora es ver si el Congreso lo acompana y si las propuestas llegan con mecanismos que garanticen que al bajar las multas no se baje tambien la presion sobre los infractores reales. Reducir costos injustos es necesario. Pero la seguridad vial no puede quedar como victima colateral del ajuste.

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