Dentro de la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional, se propusieron medidas como IVA en cero y peajes gratuitos para las zonas afectadas por el sismo, pensadas para aliviar el costo de vida y el transporte de ayuda y materiales de reconstrucción hacia las zonas más golpeadas. A eso se suma la suspensión de cobros por parte de la banca a los deudores ubicados en los territorios damnificados, una medida que evita que las familias que ya perdieron vivienda o ingresos además carguen con el pago de créditos vigentes mientras dure la emergencia. Ninguna de estas medidas está, hasta el momento, formalizada en un decreto público conocido; se presentan como propuestas dentro del paquete económico anunciado por el Gobierno.
En el frente del financiamiento internacional, el Banco Mundial aprobó una línea de crédito de hasta 200 millones de dólares, con posibilidad de ampliarse, para apoyar la respuesta a la emergencia. No queda claro si este monto es adicional a los 450 millones de dólares que la misma entidad había anunciado un día antes, el 12 de agosto, o si se trata del mismo paquete descrito con cifras distintas en momentos distintos — una ambigüedad que ninguna de las dos fuentes consultadas aclara todavía.
En el sector privado, empresarios colombianos movilizaron más de 4.500 millones de pesos en ayudas en menos de una hora, una velocidad de respuesta que refleja la magnitud con la que el sector empresarial del país se volcó sobre la emergencia desde los primeros días. A la respuesta también se suman equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, que ya están apoyando las labores en el país, en una cooperación internacional que se sostiene en paralelo a la ayuda financiera.
