La campaña liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda no ha movilizado unas pocas ayudas simbólicas ni se ha limitado a recoger donaciones para una fotografía. Hasta el momento, ha gestionado más de 1.500 toneladas de víveres y suministros de primera necesidad, más de 120.000 litros de agua potable, plantas eléctricas, generadores, conectividad satelital, contenedores refrigerados, medicamentos, equipos de comunicación y apoyo para hospitales, organismos de socorro y familias afectadas por el terremoto.

El alcance de esta movilización confirma que no se trata de una acción aislada, sino de una red nacional de solidaridad en la que participan empresas, organizaciones sociales, comunidades, voluntarios y entidades públicas. Los aportes han sido reunidos, clasificados, transportados y entregados de acuerdo con las necesidades de los territorios afectados, con prioridad en alimentos, agua, salud, higiene, protección y logística.

A ello se suman toneladas de alimentos, kits de aseo y agua entregados en distintos municipios, combustible, equipos Starlink, contenedores refrigerados de más de 40 pies, medicamentos para hospitales, apoyo a la Cruz Roja, ayudas funerarias gratuitas en Pereira, Manizales, Cali y Chocó, además de alimentos para perros y gatos. Detrás de esta operación participan ciudadanos, empresas, organizaciones sociales, bancos de alimentos, entidades gubernamentales, organismos de seguridad y empresas de transporte.

Frente a semejante despliegue, la crítica de la senadora Isabel Zuleta resulta desafortunada. La senadora sostiene que una emergencia nacional no puede ser tratada como un acto de caridad. En sentido institucional, tiene razón en advertir que la atención de una tragedia no puede quedar a merced de la solidaridad privada. El Estado debe planear, financiar, coordinar, ejecutar y responder por la reconstrucción. Pero reconocer esa responsabilidad no exige descalificar a quienes están ayudando ni desconocer el trabajo de quienes han hecho posible que cientos de toneladas lleguen a lugares donde la necesidad no da espera.

También es evidente que la primera dama y la esposa del vicepresidente no tienen un cargo formal dentro de la estructura estatal. No ejecutan presupuestos públicos ni reemplazan a los ministerios. Sin embargo, esa claridad no debería utilizarse para negarles toda posibilidad de participar en una agenda social. Desde hace décadas, las primeras damas han acompañado asuntos relacionados con la niñez, las mujeres, las familias vulnerables, la educación y la solidaridad. Su papel no es gobernar, es convocar, escuchar, visibilizar necesidades y conectar voluntades.

En una emergencia, esa capacidad de articulación vale mucho. La primera dama puede convocar a una empresa, activar una red de voluntarios, facilitar el contacto con una gobernación, promover una donación o ayudar a que una necesidad local sea atendida con rapidez. Las Fuerzas Militares, por su parte, tienen competencias, hombres, aeronaves, vehículos y experiencia para llegar a zonas apartadas. Las empresas tienen camiones, bodegas, personal y capacidad logística. Las organizaciones sociales conocen las comunidades. Cuando esas capacidades se coordinan, no hay usurpación de funciones, hay colaboración.

Lo importante es que cada actor respete sus límites. Las primeras damas no deben impartir órdenes militares, administrar recursos públicos sin controles ni sustituir a los funcionarios responsables. Pero tampoco tienen que permanecer inmóviles para demostrar respeto por la institucionalidad. Pueden servir desde la solidaridad, la convocatoria y el acompañamiento, siempre con transparencia sobre los canales de donación y el destino de las ayudas.

La oposición tendrá muchos momentos para cuestionar al Gobierno. Podrá debatir sus leyes, presupuestos, contratos, programas, decisiones impopulares, errores e incumplimientos. Ese es su papel. Pero atacar una labor humanitaria mientras el país se une para salvar vidas parece una salida en falso, especialmente cuando la respuesta ha recibido respaldo de empresas privadas, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanos de todo el país. La crítica resulta todavía más llamativa cuando proviene del mismo partido que gobernó durante los cuatro años anteriores, periodo en el que se percibió la ausencia de un papel visible de primera dama en una agenda social nacional. Durante los últimos años de ese gobierno, además, la entonces primera dama no residió de manera permanente en el país y su figura pública estuvo rodeada de cuestionamientos y controversias por presuntos episodios de corrupción y derroche, acusaciones que forman parte del debate político sobre el legado de aquella administración. El contraste con la respuesta actual es inevitable, no porque la solidaridad no hubiera existido antes, sino porque hoy hay una presencia pública y una capacidad de articulación que el país está viendo y valorando.

Colombia no necesita que la solidaridad sea convertida en una pelea partidista. Necesita que el Estado cumpla su deber y que todos los demás aporten lo que puedan. Las primeras damas no están gobernando por ayudar. Están ayudando porque el país lo necesita. En este momento, más que discutir quién tiene derecho a convocar, deberíamos agradecer que alguien lo haga, vigilar que los recursos lleguen a su destino y reconocer que, cuando Colombia se une, la política debería acompañar, no estorbar.