El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el 30 de noviembre, día del cumpleaños de San Andrés, firmará el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia. Lo dijo el domingo en una alocución transmitida desde el buque ARC 24 de Julio, en aguas del Caribe.

¿Qué es una línea de base?

Es la línea desde la que un país empieza a medir su mar. A partir de ella se cuentan las 12 millas náuticas de mar territorial, donde el Estado es soberano igual que en tierra, y las 200 millas de zona económica exclusiva, donde tiene derecho a explotar la pesca y los recursos del fondo marino. Si la línea no está trazada, la medición se hace desde la orilla de cada isla, en marea baja. Si se trazan líneas rectas que unen los puntos extremos de las islas, cayos y arrecifes, el mar que queda adentro pasa a ser agua interior, sobre la que el país tiene soberanía plena.

¿Por qué se habla de una deuda de 48 años?

La Ley 10 de 1978 ordenó al Gobierno trazar esas líneas para todo el territorio. En 1984, con el Decreto 1436, se trazaron las de la costa continental del Caribe y del Pacífico, pero las del archipiélago quedaron pendientes. «Cuarenta y ocho años más tarde, el gobierno del Tigre va a hacer lo que había que hacer hace tantos años y no se hizo», dijo el presidente.

¿Para qué sirve?

Según el Gobierno, el decreto busca tres cosas. La primera, dejar por escrito y con coordenadas oficiales hasta dónde llega el mar colombiano alrededor de las islas, de modo que la Armada tenga una referencia exacta para vigilar y actuar. «En los espacios marítimos que corresponden a Colombia, nadie pesca, nadie explora y nadie investiga sin el permiso de la República», afirmó De La Espriella. La segunda, que las aguas entre las islas del archipiélago se reconozcan como aguas interiores y que el conjunto se trate como una sola unidad territorial. La tercera, respaldar la posición del país en la disputa con Nicaragua.

Germán Calderón España, director de la Agencia Jurídica del Estado, explicó a Semana que la idea viene de la llamada doctrina Gaviria, del internacionalista Enrique Gaviria Liévano, que planteaba encerrar con líneas rectas a San Andrés, Providencia, Santa Catalina, sus cayos y arrecifes como un «archipiélago de Estado». Según Calderón, el presidente Alfonso López Michelsen convirtió esa doctrina en la Ley 10 de 1978. «Concreta y materializa un acto de soberanía muy profundo en el derecho internacional público», dijo.

¿Cambia el fallo de La Haya?

No por sí solo. En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia confirmó que las islas y cayos del archipiélago son colombianos, pero trazó una nueva frontera marítima que le reconoció a Nicaragua derechos sobre áreas que Colombia consideraba suyas, unos 75.000 kilómetros cuadrados según cálculos citados en la prensa. Publicar coordenadas formaliza la posición cartográfica del país, pero no modifica esa frontera. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, escribió en X que «el fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad» y anunció que el Gobierno buscará un diálogo de buena fe con Nicaragua.

Lo que viene con el decreto

El anuncio hizo parte de una estrategia más amplia para el archipiélago. El presidente advirtió a quienes atacan a los pescadores: «Quien se meta nuevamente con nuestros compatriotas sabrá cómo actúa este Gobierno». Dijo que los bancos históricos de pesca de los raizales tendrán prioridad para la pesca artesanal y que ningún producto de la pesca ilegal entrará por los puertos colombianos.

En lo económico, ordenó acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales y crear un trámite electrónico para que las embarcaciones de recreo puedan registrarse con San Andrés como puerto, iniciando el proceso desde cualquier capitanía del país. «Más embarcaciones registradas en San Andrés significan más mantenimiento, más tripulaciones, más actividad portuaria, más turismo náutico, más empleo y, por supuesto, más soberanía», dijo. La Dirección General Marítima (Dimar) tendrá más capacidad de supervisión, y el Gobierno buscará acuerdos con los países vecinos del Caribe occidental en seguridad marítima, búsqueda y salvamento, protección de arrecifes y lucha contra el crimen.