Las comisiones económicas del Congreso devolvieron el 11 de agosto al Ministerio de Hacienda el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, formulado originalmente por $575,6 billones, por dudas sobre la solidez de sus ingresos y el peso del endeudamiento frente a la inversión proyectada. El 27 de agosto, el Gobierno radicó un nuevo proyecto por $634,9 billones —equivalente al 29,9% del PIB—, distribuidos en $392,5 billones para gastos de funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión.
El Ministerio de Hacienda presentó el ajuste como el «presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de mentiras» que, según el Gobierno, dejó subfinanciados los sectores de salud, pensiones, universidades, telecomunicaciones y los subsidios de energía y gas. Parte del incremento responde al gasto adicional que exige la atención del terremoto del 10 de agosto, no contemplado en la propuesta inicial, y al arranque en 2027 de la ejecución completa del programa de gobierno «La Patria Milagro 2026-2030».
El proyecto ya tiene ponentes designados para su primer debate en la Comisión Tercera del Senado. No todas las voces en el Congreso comparten el diagnóstico del Gobierno: la senadora Esmeralda Hernández cuestionó públicamente el origen de los recursos adicionales, preguntando de dónde saldrá la plata para financiar un incremento de esa magnitud. El debate sobre el articulado —y sobre la sostenibilidad fiscal del monto— apenas comienza en el Congreso.
