El Ministerio de Transporte, mediante la Circular 0317 del 28 de agosto, suspendió por tres meses la entrada en operación obligatoria de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que estaba prevista para el 14 de septiembre. Con este sistema, tramitar la licencia de conducción, que hoy cuesta cerca de $1,4 millones, iba a subir a $2,2 millones, un incremento de hasta $800.000 para los aspirantes. La suspensión se produce después de que surgieran señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación del sistema.

Durante el plazo de suspensión, el Ministerio revisará la estructura de los CALE, la capacidad real de los centros ya registrados, la legalidad del contrato suscrito con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y si los costos que terminarían pagando los ciudadanos corresponden a las necesidades reales del sistema. La ministra Elsa Noguera fue enfática: «Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo».

La suspensión no elimina la Ley 2251 de 2022, que sigue vigente, ni afecta las licencias ya expedidas: el Ministerio aclaró que, mientras dure la revisión, los CALE simplemente no entran en operación, por lo que quienes tienen un trámite de licencia en curso no tendrán que asumir de inmediato las nuevas condiciones ni los sobrecostos que preveía el nuevo modelo. En paralelo, Noguera anunció en su cuenta de X tres frentes de trabajo adicionales desde el Ministerio: redactar un proyecto de reforma integral al Código de Tránsito que revise el valor de las multas, los cobros del RUNT y el SIMIT, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica; endurecer mediante resolución los requisitos para autorizar cámaras de fotodetección, «para que salven vidas, no para recaudar»; y desmontar lo que llamó «hiperregulación» del sector para simplificar trámites.

Según el comunicado oficial del Ministerio, la operación de los CALE proyectaba mover cerca de $20 billones a lo largo de 20 años, y la UNAD había quedado como único operador contratado del sistema, una exclusividad que ya había generado tutelas y denuncias de otras universidades públicas que pidieron poder participar. Esa concentración en un solo operador es, junto con el costo para los usuarios, uno de los puntos centrales que el Ministerio revisará durante los tres meses de suspensión.