De la Espriella instruyó a los ministros designados de Ambiente y Transporte para adoptar las decisiones necesarias que permitan iniciar la construcción, sin someterla —según dijo— a una licencia ambiental adicional que, a su juicio, ha retrasado la obra en los últimos cuatro años. El proyecto beneficiaría a cerca de 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, calificó la obra como «el sueño histórico del Caribe» y «una deuda que el país ha tenido con nuestra región durante décadas»; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, lo leyó como señal de que las prioridades de la región empezarán a ser atendidas; y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, felicitó a los ministros designados por priorizar el megaproyecto.
Vale la pena una precisión: el Canal del Dique lleva cerca de 20 años en la agenda de gobiernos sucesivos, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aclaró que el proyecto no estaba suspendido y ya avanzaba conforme a un cronograma establecido —con un Estudio de Impacto Ambiental de más de 213.000 millones de pesos, de los cuales ya se ejecutaron 95.000 millones—. El anuncio de hoy es, sobre todo, un compromiso de acelerar la obra y evitar un trámite adicional, no el rescate de un proyecto paralizado desde cero.
