El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la extradición a Estados Unidos de cinco exintegrantes de grupos armados que actuaron como negociadores de paz durante los diálogos impulsados por el gobierno de Gustavo Petro, en un anuncio que el mandatario presentó como el desmonte definitivo de la política de «paz total». Las órdenes ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante 2025, pero su entrega permanecía suspendida mientras estas personas participaban como representantes en las mesas de diálogo.

Los cinco requeridos por la justicia estadounidense son Wilington Henao Gutiérrez, alias «Mocho Olmedo» (Frente 33 de las disidencias de las Farc), Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias «Muñeca» (Los Pachenca), y Giovanny Andrés Rojas, alias «Araña» (Comandos de la Frontera), cuyas órdenes de extradición ya están firmadas; además de Gabriel Yepes Mejía, alias «H.H.» (Comuneros del Sur), y Fredy Castillo Carrillo, alias «Pinocho» (Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada), sobre quienes se libraron órdenes de captura pendientes de ejecución. Todos son solicitados por narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos y narcoterrorismo.

«La paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental», afirmó De la Espriella, quien sostuvo que el modelo permitió que estructuras criminales obtuvieran beneficios judiciales sin entregar resultados verificables de desmovilización. El mandatario fue enfático: «No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley», y agregó que «los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales».

El anuncio se suma a un balance que el propio Gobierno ha destacado en sus primeras semanas: más de 30 extradiciones concretadas en los primeros 16 días de mandato, según cifras oficiales citadas por medios locales. De la Espriella insistió en que quienes decidan abandonar la violencia solo podrán hacerlo dentro de la Constitución y la ley, mediante sometimiento formal a la justicia, y anunció el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos frente a las estructuras criminales transnacionales.