El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una medida drástica en materia penitenciaria bajo la consigna «el que la hace, la paga», con la que advirtió que el Estado retomó el control total de los centros de reclusión del país. El mandatario afirmó que las cárceles «dejaron de ser hoteles y centros de operación del crimen», en referencia a los señalamientos históricos sobre el uso de establecimientos penitenciarios para coordinar extorsiones y otras actividades criminales desde adentro.
Según explicó el Jefe de Estado, quien resulte condenado deberá cumplir su pena «de manera rigurosa, bajo control estatal y sin privilegios», en lo que su gobierno presenta como el fin de beneficios y tratos preferenciales que, según denuncias recurrentes de organismos de control, favorecían a internos con capacidad de pago o vínculos con estructuras criminales.
El anuncio se enmarca en la política de seguridad más amplia que el mandatario ha desplegado desde su posesión, centrada en el fortalecimiento del control territorial y la persecución de estructuras narcoterroristas, y llega en la misma semana en que el Gobierno confirmó la muerte del cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, alias «Bendito Menor», en un operativo en La Guajira.
De La Espriella sostuvo que la administración estatal asumió el control pleno de los centros penitenciarios para evitar que sigan siendo usados como plataformas operativas por estructuras narcoterroristas, un problema documentado durante años por la Fiscalía y el Inpec en distintos establecimientos carcelarios del país.
El Gobierno no precisó todavía un cronograma específico ni los mecanismos operativos con los que se implementará el nuevo control, ni si la medida contempla cambios normativos que requieran trámite en el Congreso de la República.
