La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha desde el 1 de septiembre un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica, establecido mediante la Resolución 101 120 de 2026, con el que busca reducir la demanda del sistema ante el fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida, que regirá durante seis meses, le fija a cada hogar y negocio una meta de consumo calculada con base en su historial de los últimos doce meses: quien la supere en más del 10 % pagará un cobro adicional sobre el exceso, mientras quien ahorre más del 10 % recibirá un saldo a favor en la factura, con un esquema diferenciado por estrato que aplica un recargo del 30 % para los estratos 1, 2 y 3, y del 50 % para los estratos 4, 5 y 6 sobre el consumo excedente.

La Liga de Usuarios del Caribe rechazó públicamente la medida esta semana por considerarla una fórmula generalizada que no tiene en cuenta «las condiciones particulares de la región». Los usuarios argumentaron que el Caribe ya carga con las tarifas eléctricas más altas del país, que resulta imposible reducir el consumo durante las temperaturas más altas del año sin poner en riesgo la salud de las familias, y que tomar como referencia los últimos doce meses castiga a una región que ya redujo su consumo en temporadas anteriores de menor calor.

El rechazo se suma a la posición que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha sostenido de forma reiterada frente a la CREG. En una audiencia pública sobre la crisis tarifaria del Caribe, el mandatario cuestionó directamente al gerente de Afinia, Fabián Rivera, al señalar que «no creo que un operador como Afinia esté perdiendo plata», y recordó que numerosos comerciantes de la ciudad pagan hoy más por energía que por el arriendo de sus locales. En esa misma jornada, Turbay propuso que el Congreso se abstenga de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo mientras no se resuelva de fondo el problema tarifario de la región, y ha insistido en que la CREG opera con su quorum incompleto, «sin comisionados expertos en propiedad», lo que a su juicio le resta legitimidad para tomar decisiones que afectan directamente a los usuarios del Caribe.

La CREG, por su parte, ha defendido que el programa no representa un alza tarifaria sino un mecanismo temporal para modificar patrones de consumo en un momento de riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico, y precisó que la meta de cada hogar «nunca podrá ser inferior al consumo mínimo vital que le corresponde al usuario». La resolución excluye del esquema a los usuarios con medidor prepago, hospitales, colegios, entidades de emergencia, los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto y las personas con equipos médicos que dependen de la electricidad.

El pulso entre la administración distrital y el regulador nacional se da en momentos en que sectores económicos del Caribe, entre ellos el turismo, también advierten que la estacionalidad de sus temporadas altas podría chocar con las metas de ahorro fijadas por la CREG, en una región donde el debate por las tarifas de energía se ha convertido en uno de los frentes más persistentes entre la Alcaldía de Cartagena y el Gobierno Nacional.