El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se reunió el 26 de agosto con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, en lo que las tres entidades describieron como el primer encuentro formal entre el nuevo Gobierno nacional y los mandatarios de Cartagena y Bolívar. «Dimos particular importancia al impulso de las consultas previas de las obras más estratégicas de Bolívar y a la lucha contra la trata de personas, prioridad compartida», escribió Lara al balance del encuentro.
El ministro anunció cuatro reformas a la praxis de la Consulta Previa: desligarla del licenciamiento ambiental para que ambos procesos corran de forma independiente y uno no retrase al otro; medidas de emergencia y flexibilización para las obras indispensables de reconstrucción y restablecimiento de servicios interrumpidos por el terremoto, «de modo que las familias puedan volver a sus hogares sin dilaciones»; una auditoría interna y externa a la Dirección de Consulta Previa, con procesos claros, tiempos definidos y eliminación de prácticas de corrupción; y el compromiso de respetar la Consulta Previa «como fue pensada en el Convenio 169 de la OIT: instrumento de protección de derechos, no instrumento transaccional».
El encuentro también dejó compromisos concretos en seguridad: Cartagena fue designada ciudad piloto de una estrategia transnacional contra la trata de personas y el tráfico sexual, con respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que incluye la instalación de cerca de 600 nuevas cámaras de videovigilancia en tres localidades de la ciudad —con prioridad en el Centro Histórico y el Gran Malecón del Mar—, la creación de una norma que unifique las disposiciones sobre manifestaciones que afecten el orden público, y la reactivación de la construcción de una estación de bomberos especializada en Mamonal que funcionará también como centro de entrenamiento. «Cartagena es la ciudad turística por excelencia, por lo que es prioridad», dijo Lara sobre el enfoque de la estrategia en la ciudad.
