Una inusual tensión administrativa y legal se registra en la diplomacia colombiana en Haití. La embajadora que fue nombrada durante el mandato del expresidente Gustavo Petro presentó su negativa a dejar la representación oficial de Colombia en Puerto Príncipe. La diplomática condicionó la entrega de su despacho al esclarecimiento detallado de una investigación pendiente vinculada al manejo de 500.000 dólares.
La controversia plantea un escenario complejo para la administración del presidente Abelardo De La Espriella, que busca hacer efectiva la transición y relevo en las misiones diplomáticas clave. Juristas y expertos en derecho internacional señalan que el Gobierno central cuenta con mecanismos de la Cancillería para hacer cumplir los decretos de remoción, aunque la resistencia de la funcionaria crea un impase sin precedentes en esa legación.
El núcleo de la disputa gira en torno a los recursos asignados para el funcionamiento operativo y de cooperación en suelo haitiano, sobre los cuales la diplomática exige un peritaje e informe administrativo definitivo antes de formalizar su salida. Desde la sede de la Cancillería en Bogotá se evalúan las vías disciplinarias y administrativas para reasumir el control de la misión sin afectar las relaciones con el país caribeño.
El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá definir en los próximos días las acciones legales para formalizar la vacancia del cargo o ejecutar el retiro de las credenciales diplomáticas. Este caso pone de relieve las dificultades que enfrenta la actual administración para reestructurar la planta de personal del servicio exterior en sedes estratégicas.
