Durante la presentación pública del denominado «Libro de la Verdad», el Gobierno Nacional expuso diversos patrones de corrupción y hallazgos críticos detectados tras la auditoría e inspección en varias entidades del sector público. Entre los nueve comportamientos críticos identificados por los voceros gubernamentales destacan la destrucción del rigor técnico, la captura contractual, la opacidad en el acceso a la información pública y la pérdida del control operativo en la ejecución presupuestal.
Dentro de los casos presentados, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró uno de los reportes más severos. De acuerdo con el informe oficial, la entidad evidenció una gestión ineficiente al ejecutar únicamente el 4.3% de su presupuesto en cuatro años, sumado a la pérdida de rastro de 1.38 billones de pesos y giros sin urgencia comprobada por un valor de 856.000 millones de pesos. Por su parte, en la Agencia Nacional de Tierras se señaló una gestión contractual de un billón de pesos en la que solo tres de 537 predios previstos fueron debidamente titularizados.
El informe gubernamental también incluyó observaciones a la gestión ambiental e institucional. En el Ministerio de Ambiente se cuestionó la delimitación del páramo de Santurbán realizada en los últimos días del gobierno anterior, señalando el desconocimiento de fallos judiciales y la apertura a actividades no autorizadas. Asimismo, en el marco del Fon Igualdad, se reportaron pagos por 140.000 millones de pesos a una empresa temporal sin soporte de ejecución, manteniendo contratos activos mientras la entidad se encontraba en proceso de liquidación.
Finalmente, la auditoría detalló irregularidades en el sector de relaciones exteriores y de infraestructura vial. En la Cancillería se denunció la suscripción de 785 contratos por un monto total de 83.000 millones de pesos mediante la degradación de requisitos técnicos y el uso de sedes temporales. Por último, en el Instituto Nacional de Vías (Invías) se identificó una baja ejecución en el programa «Caminos Comunitarios para la Paz», el cual contaba con una asignación presupuestal superior a los 612.000 millones de pesos.
